En Washington, en el marco del 188° período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) oyó a periodistas de Ecuador y a familiares de Paúl, Javier y Efraín, asesinados en abril del 2018.
Casi ocho meses después de que abandonara el Ecuador, porque su vida estaba en peligro, la voz de Karol Noroña se volvió a escuchar. En Washington, Estados Unidos, la periodista ecuatoriana, de 29 años, habló claro y fuerte sobre el riesgo que corren los periodistas en el país. «Ni mi caso ni el de mis ocho colegas (en el exilio) ha merecido siquiera un pronunciamiento del Gobierno de Guillermo Lasso», dijo.
En el marco del 188 período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) recibió a periodistas de Ecuador y también a Ricardo, hermano de Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, periodistas de Grupo El Comercio. Los tres fueron secuestrados, el 26 de marzo, y asesinados por el Frente Óliver Sinisterra.
En audiencia pública, la CIDH permitió que los periodistas y Ricardo Rivas hablen sobre la libertad de expresión y la falta de garantías en la cobertura.
«Pareciera que ser periodista en Ecuador es aceptar que en cualquier momento nos pueden matar, sé que quienes quisieron matarme son protegidos por el estado ecuatoriano, gozan de todo privilegio en prisión, ordenan crímenes desde adentro y son beneficiados por la justicia ecuatoriano. Ecuador convertido en un narcoestado», señaló Karol Noroña.
La respetada periodista, que despuntó por sus trabajos sobre crimen organizado y la situación de las cárceles en Ecuador, recordó cómo le cambió la vida el 23 de marzo de 2023. Justo cinco años después del secuestro de sus compañeros de EL Comercio, supo que miembros de una organización narco criminal que sirve logísticamente a cárteles internacionales presentes en Ecuador planeaban un atentado en su contra.
La periodista Karol Noroña accedió a chats y a audios de amenazas, que incluían fotografías, información del barrio en donde vivía y del medio en donde trabajaba (GK Ecuador) y un plan de asesinato, gracias a dos fuentes. Al siguiente día, el 24 de marzo, salió de Ecuador.
Sin la fortaleza y la alegría con la que se le escuchaba hablar de periodismo, Karol relató que no ha podido retomar su trabajo. El medio digital, en donde laboraba, decidió dejar la cobertura del crimen organizado y las cárceles porque su familia y su equipo siguen en Ecuador y podrían atentar en su contra. Vive de la ayuda de organizaciones y lejos de los suyos.
Además, habló de las secuelas psicológicas, que enfrenta al ser la primera de nueve periodistas exiliados. Varios comentó han dejado hasta a sus hijos. En Ecuador hace falta la voz de Karol.
El asesinato de Paúl, Javier y Efraín, equipo de El Comercio
Por su parte, Ricardo Rivas, hermano del fotoperiodista Paúl Rivas, uno de los tres trabajadores de El Comercio, secuestrados y asesinados, en 2018, también dio su testimonio ante la CIDH.
«Me asesinaron a mi hermano y no tengo verdad ni justicia, solo impunidad», recalcó Ricardo Rivas. Cuatro fiscales han pasado y el caso del secuestro y asesinato de Paúl, Javier y Efraín sigue en etapa de indagación. Han llamado a tomar versiones y el 85% de ellas han sido solicitadas por los familiares de las víctimas.
«En cuatro ocasiones hemos pedido la desclasificación de la información. Pero el Consejo de Seguridad nos negó la posibilidad en 2021 y en 2023 se cambió la información de reservada a secreta, lo que hará que se mantenga guardada por 10 años más».
Además, Ricardo Rivas contó que la fiscal General del Estado, Diana Salazar, les dijo que debían indicar qué querían que se investigue para que la Fiscalía lo haga. «Ya no hay impulsos fiscales desde hace dos años. Lenín Moreno y Guillermo Lasso han ofrecido por 10 ocasiones desclasificar la información». No han cumplido.
En Washington, César Ricaurte, de Fundamedios, se refirió a la situación de Grupo El Comercio. Señaló que Quito es la única capital de América Latina en donde no existe prensa escrita. Recordó que el medio de comunicación fue vendido al empresario Ángel González, «en una operación corrupta, el medio se extingue, violan derechos de periodistas y trabajadores».
No se refirió a lo que viven los extrabajadores despedidos, que no cobran liquidaciones desde hace más de dos años y a quienes tampoco les pagan jubilaciones patronales desde hace 13 meses. Tampoco detalló que en este Gobierno, El Comercio dejó de operar, prácticamente desde los primeros días de julio 2023, sin que nadie brinde respuestas. Y sin que ninguna instancia del Ejecutivo controle lo ocurrido.
Ricaurte comentó que entre 2007 y 2017, «la prensa sufrió embates del poder político empeñado en imponer un modelo autoritario, actos de persecución como juicios, cierre de medios y leyes restrictivas». Sin embargo, no le puso contexto a la situación actual de extrabajadores y trabajadores de El Comercio.
No ha señalado la falta de apoyo del presidente Guillermo Lasso, quien en enero del 2022 se comprometió con un grupo de periodistas y más trabajadores despedidos a no permitir que un extranjero, Ángel González, llamado El Fantasma, no cumpla con las leyes laborales de Ecuador.
Incluso Lasso les dijo que lo presionaría señalándole que no podría operar las radios y los canales de televisión TVC y RTS si no cumplía con las leyes laborales. Pero no ha evidenciado voluntad política. Desde junio, la edición impresa dejó de circular y desde julio no se actualiza diariamente la página web. El Ministerio de Trabajo no ha enviado a sus inspectores para averiguar qué ocurre, si el medio cerró o no, porque tampoco paga sueldos.
Jeannine Cruz, titular del Consejo de Comunicación (Cordicom), ha reiterado que ya no tiene competencias de regulación desde las reformas a la Ley de Comunicación, ocurridas durante este Gobierno. También ha dicho que ahora todo está en manos de la justicia. Pero los casos (demandas laborales y de ejecución de actas por acuerdos incumplidos de El Comercio) caminan lentamente en los juzgados de Quitumbe.
Radio Pichincha
