El proyecto EDS, «Educación para el Desarrollo Sostenible en instituciones educativas del Ecuador», es una iniciativa que promueve la ciencia ciudadana en el ámbito educativo, especialmente en temas ambientales.

Con el objetivo de fomentar el desarrollo sostenible, este proyecto se enfoca en concienciar y fortalecer las capacidades de la comunidad de 13 instituciones educativas ubicadas en 6 provincias de Ecuador( Pichincha, Napo, Imbabura, Zamora Chinchipe, Manabí y Guayas).

Cada paso en el proyecto EDS es crucial. Desde su fase de diseño hasta el monitoreo, se ha seguido un proceso meticuloso para implementar proyectos que apoyen el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en las instituciones educativas, impactando directamente en la conservación del entorno.

Este proyecto, desarrollado por el convenio FIAS – INABIO en Ecuador, busca promover la ciencia ciudadana para abordar desafíos ambientales. Tras seleccionar las 13 instituciones educativas en mayo y junio de 2023, se ha trabajado en mejorar los entornos de aprendizaje, implementando acciones en agua, energía, residuos e infraestructura verde. Además, se busca involucrar activamente a la comunidad educativa para sensibilizar sobre el desarrollo sostenible y fomentar la participación en la ciencia ciudadana.
Financiado por la Iniciativa Climática Internacional (IKI) del Ministerio Federal Alemán para el Medio Ambiente, este proyecto cuenta con el respaldo de diversas organizaciones y busca expandir su impacto a más instituciones educativas en Ecuador, con el objetivo de crear un impacto positivo y duradero en la sociedad y el medio ambiente.

Fuente: fondo de Inversión ambiental sostenible

El Pleno de la Asamblea Nacional inició el juicio político contra el exministro de Energía, Fernando Santos Alvite. El Legislativo lo acusa de incumplimiento de funciones por su papel en la crisis energética durante el gobierno del expresidente Guillermo Lasso.

Pasadas las 09:00 de este 25 de abril de 2024, se instaló la sesión 919 de la Asamblea. El segundo punto del día, que comenzó a tratarse cerca de las 12:00 debido a un simulacro multiamenazas en el Parlamento, está destinado a decidir si continúa el proceso contra el exfuncionario.

Hasta las 12:10 de hoy, la Secretaría de la Asamblea continuaba con la lectura del informe aprobado por la Comisión de Fiscalización, en el que se recomienda el enjuiciamiento político.

El informe señala que los apagones constituyeron un problema "grave pero prevenible". También se indica que se ignoraron las alertas emitidas por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) sobre los efectos del estiaje. Además, se menciona que la respuesta de las autoridades fue nula o tardía. Por ejemplo, se cita que nunca se contrató gas para la Termoeléctrica Machala.

Al llegar a la Asamblea, Santos Alvite se refirió a los argumentos de la Comisión de Fiscalización, especialmente a la falta de mantenimiento de las plantas térmicas. Dijo que esa acusación es falsa y sostuvo: “Esas plantas dependen de muchas empresas eléctricas y cada una tiene un calendario de mantenimiento que realiza porque es su obligación”.

Reiteró que no es el Ministro de Energía "quien debe coger un tarrito de aceite para hacer el mantenimiento”, mencionó.

El Pleno deberá resolver si da paso al juicio político, ya que el informe de la Comisión de Fiscalización no es vinculante, es decir, el Pleno tiene la facultad de dar paso al enjuiciamiento o no del exministro. Para hacerlo se requieren 70 votos.
En caso de que el proceso continúe, la Asamblea requerirá de 92 votos para censurar a Santos Alvite, con lo que no podría ejercer un cargo público durante los próximos dos años

El telégrafo 

El 'No' se impone en la pregunta que abría la puerta al trabajo por horas, según conteo rápido del Consejo Nacional Electoral.


Con un 68,8% de votos, el 'No' se impondría en la pregunta que abre la puerta para el trabajo por horas y el contrato a plazo fijo, según el conteo rápido del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Lo dijo la presidenta del CNE, Diana Atamaint, quien explicó que el conteo rápido tiene un margen de error del 1%. En un Exit Poll contratado por el Gobierno y difundido por Teleamazonas, el 'No' también se imponía en esta pregunta con un 63,8% de apoyo de los ecuatorianos.

Hay que enfatizar que los resultados del Exit Poll no son resultados oficiales.

Consulta popular y referendo: El conteo de votos avanza con lentitud en el CNE El mismo Gobierno habló de que esperará los resultados oficiales del CNE.

Hasta las 21:30, se habían escrutado 6.459 actas de las 41.313 previstas; es decir, se había contabilizado 15% del total. Esos resultados preliminares confirman hasta ahora el conteo rápido del CNE, pues indican que el 'No' gana con el 67%.

Resultados del referendum a nivel nacional
Casillero E
Actualizado el 22/04/24 a las 6.00

¿Está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República y reformar el Código de Trabajo para el contrato de trabajo a plazo fijo y por horas, cuando se celebre por primera vez entre el mismo empleador y trabajador, sin afectar los derechos adquiridos de los trabajadores, de acuerdo con el Anexo 4?



¿Qué plantea la pregunta?
 
¿Qué planteaba la pregunta? Desde 2008, el artículo 327 de la Constitución prohíbe el contrato por horas por considerarlo una forma de precarización laboral.
 
En cambio, el contrato a plazo fijo existió en Ecuador hasta 2015, cuando fue eliminado con la Ley Orgánica para la Justicia Laboral introducida durante el gobierno del entonces presidente Rafael Correa.

El argumento era que el contrato a plazo fijo no daba estabilidad laboral, pues solo duraban dos años y al terminar el trabajador recibía solo un 25% de su salario por año, bajo la llamada figura de desahucio.
 
De hecho, según datos del Gobierno de ese entonces, casi el 60% de los contratos en esa época eran a plazo fijo.
 
Estas decisiones tomadas durante el gobierno del entonces Presidente Rafael Correa golpearon al mercado laboral pleno o adecuado; es decir, aquel donde se gana, al menos, el básico y se trabaja, por lo menos, 40 horas a la semana.
 
En diciembre de 2015, la tasa de empleo adecuado era 47%, la cual fue bajando de manera paulatina. En diciembre de 2023, la tasa de empleo pleno o adecuado cayó al 34%.
 

primicias.Ec

ECUADOR. Un nuevo pedido de juicio político se presentó en la Asamblea. El Movimiento Construye oficializó la solicitud en contra de la exministra de Energía, Andrea Arrobo. Ana Galarza, legisladora de esa tienda política, presentó la petición.

La legisladora señaló que hay preocupación por las medidas que no se tomaron para la situación energética actual. Añadió que el objetivo es que ahora sí se tomen las acciones necesarias para evitar nuevas suspensiones cuando haya estiajes.

Galarza también mencionó que la solicitud se presentó con el respaldo de los legisladores de su organización política y del Partido Social Cristiano (PSC).

No es el único proceso relacionado con la crisis energética. Mañana, jueves 25 de abril de 2024, el Pleno de la Asamblea resolverá sobre la acusación de incumplimiento de funciones en contra del exministro de Energía, Fernando Santos Alvite.

Sobre este último caso, la Comisión de Fiscalización aprobó un informe en el que se recomienda su enjuiciamiento político. Se lo acusa de que los apagones constituyeron un problema "grave pero prevenible".

Además, el documento señala que se inobservaron las alertas emitidas por el Operador Nacional de Electricidad (Cenace) y la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) sobre los efectos del estiaje.

Los juicios políticos en cola

Después de que se resuelva la interpelación en contra de Santos Alvite, deberá tratarse en el Pleno la suerte del exministro del Interior de Guillermo Lasso, Juan Zapata. Actualmente, ese proceso se tramita en la Comisión de Fiscalización.

La siguiente en la lista es la fiscal general, Diana Salazar. El correísmo impulsa esa solicitud. Pero deberá tratarse en Fiscalización una vez que se emita el informe sobre el caso de Zapata.

Hay otro proceso calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Se trata del impulsado también por Construye en contra de los exvocales de la Judicatura, Ruth Barreno y Xavier Muñoz; así como en contra del expresidente de la entidad, Wilman Terán.

Finalmente, el lunes pasado, el CAL calificó los pedidos de juicio político en contra de Andrea Montalvo, exsecretaria de Educación Superior; Pablo Arosemena, exministro de Economía; Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores; y, Mónica Palencia, ministra del Interior.

El telégrafo 

En este 2024 se registran tres asesinatos de alcaldes, de Portovelo, en El Oro; de Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; y de San Vicente, en Manabí.

Desde el 2023, todas las alertas se han levantado por los crímenes en contra de autoridades, alcaldes y concejales, así como de candidatos. En junio del año pasado asesinaron al concejal de Esmeraldas, Jairo Olaya; en julio, al alcalde de Manta, Agustín Intriago; en agosto al presidenciable y exasambleísta Fernando Villavicencio. No han sido los únicos casos. En este 2024, ya han asesinado a otros tres alcaldes de San Vicente, en Manabí; Camilo Ponce Enríquez, en Azuay; y Portovelo, en El Oro.

La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) se pronunció, este viernes 19 de abril del 2024, a horas del asesinato del alcalde de Portovelo, Jorge Maldonado.

«La ola de violencia que ha cobrado la vida de dos alcaldes ecuatorianos en menos de una semana es una señal de alarma que no podemos ignorar», dijo Patricio Maldonado, presidente de la AME. Estos actos, señaló, no solo son tragedias individuales sino indicativos de una grave crisis de seguridad que pone en riesgo la vida de todos los líderes municipales.

Los alcaldes y alcaldesas del Ecuador somos, se lee en el comunicado de la AME, blancos vulnerables por nuestro trabajo en el territorio y la lucha contra grupos delincuenciales y es imperativo que se reconozca la magnitud de este peligro.

Ante esa emergencia, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) exige al Estado y a las autoridades correspondientes una acción inmediata y decisiva para garantizar la seguridad de los 221 alcaldes y alcaldesas del Ecuador.

La protección a los alcaldes no es solo una cuestión de justicia sino un requisito esencial para el funcionamiento de la democracia, dicen. Demandan soluciones, para que puedan seguir sirviendo a sus cantones.

Un ejemplo que muestra la gravedad de la situación es lo ocurrido con Luis Chonillo, alcalde de Durán. Desde el 15 de mayo, día de la posesión, sufrió un atentado. No duerme más de dos noches en un mismo sitio y ve a su familia solo una vez al mes. Teme por su vida, todo el tiempo usa chaleco antibalas. El Estado no ha logrado garantizar su seguridad.

 

Radio Pichincha