La organización denunció que la ministra Brown no cumplió con su labor y agravó los problemas en el sistema educativo.

La Unión Nacional de Educadores (UNE) anunció una movilización para este miércoles 22 de noviembre de 2023. El objetivo es insistir, en el Legislativo (después de que inicie sus labores el 17 de noviembre), para que se apruebe un juicio político contra la ministra de Educación, María Brown.

A través de un comunicado, la UNE señaló que impulsa el juicio contra María Brown porque más de 200 mil niños abandonaron el Sistema Nacional Educativo. “Brown, en sus dos años de gestión, no cumplió con el plan de reinserción escolar como lo determina la LOEI”.

Otros motivos son el retraso en el desarrollo de políticas públicas para prevenir la violencia en los planteles educativos, el recorte de textos escolares, la sobrecarga laboral y administrativa a los docentes, la entrega de nombramientos provisionales y no definitivos a los ganadores de concurso.

Además, la exclusión de la equiparación salarial a más de 11 mil profesores, la supresión del médico escolar y la no convocatoria a Concurso de Méritos y Oposición al personal DECE, UDAIE.

“Frente a esta situación de abandono a la educación y afectación a varios derechos, la UNE convoca a una movilización, el miércoles 22 de noviembre, a las 14:30, cuya concentración será en la Caja del IESS”, indicó la institución.

Radio Pichincha 

La posesión del presidente electo se adelantará tras mantener conversaciones entre el equipo de Daniel Noboa y los legisladores. Así lo confirmó la asambleísta más votada, Pierina Correa, este viernes 10 de noviembre del 2023.

En una reunión que mantuvo Noboa con su equipo de trabajo y representantes de algunas entidades en Quito se estableció que su posesión sería el viernes 1 de diciembre del 2023. Sin embargo, la noche del jueves se anunció que el nuevo periodo legislativo arrancará el 17 de noviembre del 2023. Por lo que, la fecha de la posesión del presidente electo también tuvo cambios.

Durante una entrevista a NotiMundo, la legisladora de la Revolución Ciudadana dijo que «se determinó el 23 (de noviembre) para la posesión presidencial; de esa manera damos respuesta al pueblo ecuatoriano«.

«Las necesidades del Ecuador son tan urgentes que necesitan que todos nos pongamos a trabajar lo antes posible. Sobre todo, teniendo como objetivo sacar adelante a Ecuador«, agregó.

El encuentro de Noboa con su equipo, en que se definió el cronograma provisional, se realizó el lunes 30 de octubre del 2023. Allí se tenía previsto que la Asamblea Nacional se posesione el 15 de noviembre y, posteriormente, a ello se realizaría un ensayo general de la toma de posesión.

El equipo de comunicación de Noboa informó que en la reunión estuvieron presentes algunos miembros del equipo de transición del presidente electo. Entre ellos, Gabriela SommerfeldIván Carmigniani, Katherine Gafter, Mónica Palencia, Arturo Félix, Cynthia Gellibert, María Beatriz Moreno y Juan José Reyes.

En el encuentro también participó Digna Gutiérrez, representante de comunicación de la Asamblea Nacional; Andrés Cisneros, Oscar Noboa, Helena Yánez, en representación de protocolo de la Cancillería; y Galo Ledesma, de protocolo de la Asamblea.

Esta reunión se suma a una mantenida entre el equipo de Noboa y la actual secretaria de Comunicación, Wendy Reyes.

De acuerdo con el cronograma establecido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) las credenciales a los Asambleístas Nacionales y de las circunscripciones por el exterior será el 13 de noviembre. Con eso, los nuevos legisladores estarían listos para empezar a ejercer sus funciones.

Mientras que la entrega de credenciales al presidente electo y su binomio, Verónica Abad, será el 15 de noviembre.

Teleamazonas 

 

La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) implementará una iniciativa en Ecuador para dar asistencia técnica al Gobierno nacional y a los Gobiernos provinciales y municipales para el fortalecimiento y manejo de planes de seguridad, frente a una ola de violencia sin precedentes que vive en Ecuador.

Así lo anunció este miércoles en una visita a Quito la administradora de Usaid, Samantha Power, quien anticipó que el jueves presentará este programa que permitirá a la cooperación estadounidense trabajar en materia de seguridad con las prefecturas provinciales y las alcaldías, además de con el Gobierno nacional.

«Estamos emocionados por la nueva iniciativa que nos permitirá trabajar a nivel local y provincial, y con el Gobierno nacional en fortalecer los planes de seguridad de cada comunidad e incrementar los aportes ciudadanos en estos planes de cómo combatir el crimen», señaló Power en declaraciones a periodistas.

La jefa de la ayuda al desarrollo de Estados Unidos aseguró que este nuevo programa es un reflejo de la manera en que la administración del presidente estadounidense Joe Biden ha «internalizado» las urgencias y prioridades de Ecuador.

«Sabemos que este es un tema prioritario para los ecuatorianos y Estados Unidos está expandiendo su cooperación para hacer más contra la inseguridad ciudadana en un momento que la violencia se ha disparado», apuntó.

Violencia atribuida a las mafias

La violencia atribuida a las mafias del crimen organizado y del narcotráfico ha pasado en los últimos cinco años de 5,8 homicidios por cada 100.000 habitantes a 25,62 en 2022, la cifra más alta desde que se tiene registro, que puede ser superada este año al llegar a aproximadamente 40, según expertos, lo que situaría al país como uno de los más violentos de Latinoamérica.

Power, que este miércoles presentó una iniciativa público-privada para mejorar las condiciones y oportunidades económicas de unos 800 pequeños agricultores ecuatorianos, señaló que Usaid continuará su apoyo a Ecuador cuando asuma la Presidencia el electo presidente Daniel Noboa.

Este respaldo se centrará en «temas clave como fortalecer las instituciones democráticas, apoyar la conservación del medio ambiente, promover el crecimiento inclusivo, combatir la crimen trasnacional organizado y asfixiar la inseguridad ciudadana», enumeró la administradora de Usaid.

En ese sentido, Power recordó que la cooperación estadounidense ha invertido unos 1.000 millones de dólares en Ecuador desde su fundación en 1961, de los que casi 800 se dieron hasta 2014 y 178 desde 2020, cuando Usaid regresó a trabajar en Ecuador.

Fondos para obra pública

Esos fondos se han destinados a proyectos como «construir escuelas, carreteras y sistemas de agua y saneamiento, conservar millones de hectáreas de preciosa biodiversidad, vacunar a millones de ecuatorianos contra la covid-19, mejorar la salud materna e infantil y construir instituciones democráticas más fuertes».

Power destacó la hospitalidad de Ecuador con los migrantes venezolanos «en un momento de gran vulnerabilidad para ellos» y señaló que las elecciones extraordinarias celebradas este año fueron «justas y libres», con «una transición de poder pacífica».

Anticipó que este jueves espera reunirse tanto con el presidente saliente, Guillermo Lasso, como con la administración entrante, sobre todo para conocer sus reflexiones en cuanto a las prioridades donde debe enfocarse la asistencia estadounidense en materia de seguridad.

Teleamazonas 

El sector empresarial solicita que se realicen diálogos técnicos para definir el Salario Básico Unificado (SBU) que regirá en 2024 en Ecuador. Consejo Nacional de Trabajo y Salarios analiza algunos indicadores económicos que podrían incidir en el incremento de los sueldos para el próximo año.

Ese organismo se reunió la tarde del 9 de noviembre del 2023 en el Ministerio de Trabajo, en Quito. Allí se expusieron las previsiones de crecimiento económico, inflación e indicadores laborales para iniciar el diálogo para la definición del SBU.

En la sesión estuvieron presentes representantes de los empleadores, de trabajadores y del Ministerio de Trabajo. Entre los datos que presentaron está la reducción a 0,8% de la proyección de crecimiento del Banco Central del Ecuador (BCE) para 2024.

Según la Cámara de Industrias y Producción, el país mantiene un problema estructural de empleabilidad. Eso debido a que solo 3 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo adecuado. Carmen Granda, representante del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), señaló que, a septiembre de 2023 la tasa de empleo adecuado se ubica en 35.5%. Este indicador tiene una tendencia creciente desde 2020.

Bajo este contexto, para los empresarios es necesario implementar políticas públicas que ataquen el empleo inadecuado desempleo que afecta al 65% de la población económicamente activa. Aseguran que por el momento no existe relación directa entre un incremento salarial y la creación de plazas de trabajo.

En cuanto a la evolución de los indicadores laborales, De los datos analizados, en 15 años, el SBU ha incrementado en 165%. Es decir, pasó de 170 dólares en 2008 a 450 dólares en 2023. Mientras que el empleo adecuado se ha reducido en un 18%.

Según la CIP, para definir el SBU de este año es “fundamental” seguir un proceso ajustado a parámetros técnicos y legales que consideren el impacto que tendría un incremento salarial en la producción y el empleo.

Por su parte los trabajadores plantean el incremento de 100 dólares en el SBU del próximo año. En caso de no llegar a un acuerdo, será el Ministerio de Trabajo quien defina el incremento para 2024.

El salario de 2023 fue fijado en 450 dólares por el presidente Guillermo Lasso. Este tuvo un cremento de 25 dólares en comparación con el salario vigente en 2022.

Teleamazonas 

Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, y su esposa, María de Lourdes Alcívar, tendrán seguridad del Estado dentro y fuera del país por lo menos hasta el 2025, de acuerdo con un nuevo Decreto Ejecutivo promulgado por el mismo Lasso este 7 de noviembre.

El documento reforma otros dos decretos que el mismo Lasso había suscrito en junio y agosto de 2021 con respecto a la seguridad de expresidentes y exvicepresidentes. La disposición más reciente señala que el Estado deberá:

Proporcionar protección y seguridad a los expresidentes y exvicepresidentes de la República y a sus cónyuges, por periodos mínimos de dos años para el primero y de un año para el segundo, tanto dentro del territorio nacional como en el exterior, contados a partir de finalización de sus respectivos mandatos de elección popular.

Dicha medida también beneficia al segundo mandatario, Alfredo Borrero, y su mujer, Lucía Pazmiño.

 

La normativa indica que los periodos de protección podrían alargarse con base en un informe de la Casa Militar Presidencial.

En agosto de 2021, Lasso había ordenado que la seguridad del Estado para expresidentes y exvicepresidentes solo era dentro del país y por plazo máximo de un año.

Ecuavisa informa que se tiene previsto que el Gobierno de Lasso se extienda hasta finales de este mes. El primero de diciembre empezaría el periodo de Daniel Noboa, quien tendrá que gobernar hasta el 24 de mayo del 2025.