Con 123 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, como un instrumento complementario en la lucha contra la delincuencia, la propuesta crea y regula el Sistema de Vigilancia y Seguridad Privada; la prestación de servicios de vigilancia para la protección de personas, bienes muebles e inmuebles y valores; formación y capacitación para los integrantes de este sector; y licencias para portar armas para los trabajadores de vigilancia y seguridad privada.

El legislador Xavier Jurado, de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, tras argumentar que es un instrumento eficaz para la regulación y fortalecimiento del sector, y el derecho de los trabajadores, expresó que prevé derechos fundamentales como la vida, el trabajo y la seguridad. “Uno de sus fines es garantizar la regulación del sector y su articulación con las entidades del Estado, para coadyuvar a la seguridad integral”, indico.

Comisión General

Previo a la aprobación del proyecto, la Asamblea Nacional escuchó a representantes de los trabajadores de la seguridad privada, quienes destacaron la necesidad de aprobar una ley que permita regular su actividad, en beneficio de la seguridad ciudadana. Diego Arroyo, vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (FENASPE), manifestó que “esta Ley es un anhelo de muchos años, ya que la norma vigente se ha convertido en una herramienta para la precarización laboral”.

Carlos Arrobo Bustamante, de la Asociación de Trabajadores de Seguridad, afirmó que es una carrera de resistencia frente a los constantes cambios de contratos y las reducciones salariales que se han venido dando.

En el debate intervinieron 14 legisladores quienes resaltaron la necesidad de un dar enfoque integral para enfrentar el desafío de la inseguridad. Aseguraron que es una Ley que complementa la gestión de la Policía Nacional y que los guardias de seguridad cuenten con formación y profesionalización. Además, que las compañías de seguridad acompañen a sus trabajadores cuando enfrenten procesos jurisdiccionales, por actuar en defensa de la vida y ejerciendo debidamente su labor.

También expusieron la necesidad de solventar problemas de la precarización laboral, en torno a los sueldos y salarios, así como las condiciones en las que ejecutan su labor y que es importante la participación de varios actores en la lucha contra la delincuencia, como mecanismo de control eficaz con base de datos cruzados.

Se llamó a la responsabilidad respecto a los permisos de porte de armas, la capacitación y el rol de supervisión del Estado. Igualmente, se refirieron a la importancia de alinearse a los estándares internacionales para fortalecer la ley.

RSA/pv

 

 

Ecuador se reunirá con Colombia para revisar los costos de la importación de energía. Según la ministra de Energía, Andrea Arrobo, el objetivo es aliviar la carga fiscal. La iniciativa se conoció este 4 de diciembre del 2023 en su comparecencia en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea.

La mesa legislativa con mayoría de la Revolución Ciudadana, inició su trabajo por la crisis energética. Desde esta mañana escuchó las comparecencias de diferentes autoridades, entre ellas Arrobo y el ministro de Economía, Juan Carlos Vega.

La Ministra de Energía señaló que la afectación económica al país es “un golpe muy duro, pues los costos de compra de energía a Colombia han subido un 35%”. Añadió que, "en condiciones normales esto jamás se había visto".

En un comunicado del Ministerio de Energía se señaló que en las próximas semanas se prevé una reunión con las autoridades de energía de ese país.  

Por la mesa de Fiscalización también pasó el exministro de Economía, durante el Gobierno de Guillermo Lasso, Pablo Arosemena. Dijo que las empresas públicas del sector energético tienen autonomía administrativa y financiera.

Entonces, el Gobierno Central administra el presupuesto general del Estado que incluye únicamente a la Función Ejecutiva, no a las empresas públicas.

Hasta las 17:30 de este 4 de diciembre, las comparecencias continuaban en la Comisión de Fiscalización, presidida por la legisladora Pamela Aguirre (Revolución Ciudadana).  

El telégrafo 

 

Los empleadores y trabajadores no llegaron a un acuerdo sobre el alza del salario básico unificado (SBU) de 2024 en Ecuador este viernes 1 de diciembre del 2023. El Consejo Nacional de Trabajo y Salarios mantuvo su último encuentro por cinco horas, pero no se logró un consenso.

Con este escenario, el gobierno de Daniel Noboa, a través del Ministerio de Trabajo, será el encargado de definir si hay una alza o no del sueldo básico hasta el 22 de diciembre de este año y este valor regirá desde el próximo 1 de enero.

Actualmente, el salario básico es de 450 dólares. Los empleadores proponían un alza de 4,12 dólares, mientras que los trabajadores pedían una alza de hasta 552 dólares, es decir, el valor de la canasta básica de octubre pasado. Durante los últimos dos años se incrementó 50 dólares.

 Tras conocer la decisión, la Cámara de Industrias y Producción dijo que el SBU deberá ser fijado en función de la inflación proyectada para 2024, que sería de 2,07%, según un informe del Ministerio de Finanzas. Por ello, de acuerdo con esta solicitud debería haber un incremento de 9,32 dólares.

«Cualquier cosa distinta a esto está fuera del marco legal y de parámetros técnicos”, remarcaron los representantes del sector empleador a través de un comunicado, difundido en sus redes sociales este viernes.

Además, en el documento recalcaron que «el problema del mercado laboral» debe enfrentarse con políticas públicas y no solo un incremento salarial. «Las cifras evidencian que los incrementos desmedidos del SBU no han generado nuevas plazas de empleo de calidad. En 15 años, el SBU ha incrementado en 165% (de 170 a 450 dólares), mientras que el empleo adecuado se ha reducido en un 18%», destacó la cámara.

Teleamazonas 

El presidente de la República, Daniel Noboa Azin, se reunió en Guayaquil con representantes de organismos del sector social, económico y turístico, este viernes 1 de diciembre de 2023.

Según el documento oficial, el propósito de estos encuentros fue delinear la hoja de ruta que consolidará las políticas, obras y acciones para el desarrollo de la nación.

En primera instancia, Noboa conversó con la directora de la agenda regional para América Latina del Foro Económico Mundial, Marisol Argueta. En esta cita también estuvo presente la canciller, Gabriela Sommerfeld. El objetivo del encuentro fue encaminar acciones que fomenten el empleo joven y sostenible.

La directora Argueta coincidió con el primer mandatario en que es vital atender las urgencias del país de forma inmediata. Además, informó que su organismo extendió una invitación al presidente Noboa para participar en la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, que se llevará a cabo en enero.

“Este espacio constituye una plataforma internacional para exponer frente a líderes del sector público y privado las prioridades del Ecuador en materia de generación de empleo juvenil; así como los compromisos del país en ámbitos como participación de la mujer, productividad, transición energética y ambiental, comercio, entre otros”, explica el texto.

Después, Noboa se reunió con representantes de la Junta de Beneficencia de Guayaquil.

Uno de los temas abordados fue el compromiso económico del Gobierno con la Junta y las posibles acciones de coordinación “que coadyuven al fortalecimiento de los servicios sociales que esta brinda a la ciudadanía de forma gratuita”.

Del mismo modo, el primer mandatario se reunió con el gobernador del Guayas, Alberto Molina, con quien trató sobre asuntos apremiantes para el desarrollo de la provincia y próximas acciones gubernamentales.

También, dialogó con inversionistas del sector turístico, entre ellos, Keith Vincent, Ceo de Wilderness Safari, para revisar acciones que fortalezcan a esta industria.

El telégrafo 

 

 
 El Pleno de la Asamblea Nacional, con 116 votos, aprobó la resolución en la que manifiesta que el expresidente de la República, Guillermo Alberto Santiago Lasso Mendoza, es responsable político de la infracción constitucional de peculado prevista en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución y admitida de acuerdo con el dictamen 1-23-DJ/23 de la Corte Constitucional.

La resolución subraya que el expresidente, Guillermo Lasso organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos, consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado a favor de terceros.

Asimismo, recuerda a la Función Judicial, que la presente Resolución es emanada desde el Pleno del Parlamento, máximo foro de deliberación pública que representa al pueblo ecuatoriano, razón por la cual, se rechaza toda resolución que pretenda interferir las decisiones democráticas de la Función Legislativa.

“Tras reconocer que el expresidente ya no podía ser censurado ni destituido al no encontrarse en funciones, la Asamblea Nacional resolvió que Guillermo Lasso, es responsable político por peculado y por tal razón se remitirá el expediente completo del juicio político a Fiscalía y Contraloría, para que inicien con la respectiva investigación”, señaló Henry Kronfle, presidente del Legislativo.

Los asambleístas rechazaron las actuaciones del expresidente Guillermo Lasso, de utilizar la figura de la muerte cruzada durante el proceso de juicio político, para eludir su responsabilidad política y posible censura y destitución, lo cual constituye un precedente nefasto contra la democracia.

Previo a la aprobación de esta resolución, el asambleísta Comps Córdova manifestó que el caso se inició con el examen de la Contraloría y el perjuicio de seis millones de dólares, en la ejecución del contrato suscrito entre la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) con Amazonas Tanker.

César Umajinga recordó el incumplimiento en el aspecto social. Fausto Fernández detalló los incumplimientos del gobierno en materia de seguridad, empleo, educación y otros sectores. Coincidió en los reclamos Carmen Tiupul, quien dijo que fue criminalizada por su lucha social.

El juicio político se inició y todo el proceso de sustanciación se concretó cuando fue Presidente de la República, precisó el legislador Fernando Cedeño. En esta línea, el legislador José Agualsaca consideró que hay que censurar a Guillermo Lasso, que será una decisión sobre su responsabilidad política.

Por su parte, Ramiro Vela invitó a fiscalizar la gestión de Guillermo Lasso durante el tiempo de la disolución de la Asamblea Nacional. Sostuvo que sería preferible que actúe la Fiscalía. También presentaron sus argumentos: Lenin Rogel, Jaminton Intriago, Jorge Álvarez, Fernando Jaramillo.

AM/pv