Los integrantes de la Comisión de Fiscalización efectuaron varios cuestionamientos al exministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, que acudió al organismo legislativo para responder las inquietudes respecto a la crisis energética, en los temas: actuación del gobierno, alto costo del kilovatio hora (Kwh) de energía eléctrica comprado a Colombia, falta de mantenimiento de las termoeléctricas y racionamientos por parte de las distribuidoras del servicio.
El legislador Lenin Barreto solicitó al exministro la documentación, mediante la cual comunicó al Presidente de la República sobre la crisis energética; Sofía Espín recordó las consultas efectuadas sobre el parque térmico del país; Ronal González consideró que los actos del exministro de Energía deben ser investigados; Ramiro Vela Jiménez insistió en conocer la comunicación escrita al Primer Mandatario, comunicando que “estamos al filo de las tinieblas”. Adriana García consultó qué pasó con la propuesta para superar la crisis energética; César Umajinga se refirió a los resultados de los convenios internacionales; Pamela Aguirre pidió que aclare sobre la función del ministerio, respecto al Plan maestro de electricidad y su incumplimiento; entre otras inquietudes.
El exministro Santos Alvite mencionó que “la crisis energética no es coyuntural sino estructural, ya que la demanda de energía crece pero la oferta no marcha al mismo ritmo, además se estancó la producción energética por la falta de dinero del Estado y cada año será peor”. Precisó que cuando llegó a esta Cartera de Estado, en noviembre de 2022, ya había un estiaje. “El 90 % de plantas de energía están situadas en la región nororiental y cuando deja de llover la producción se ve afectada”.
Respecto al precio de compra de la energía eléctrica a un precio elevado, señaló que no puede hacer nada con tal precio que lo puso Colombia de acuerdo a sus leyes y al mercado. "Ellos pusieron las reglas del juego”, sostuvo.
En cuanto a los racionamientos del servicio de energía eléctrica a nivel nacional, el exministro de Energía, recordó que las distribuidoras son autónomas, en esa condición tienen su plan de racionamientos, por lo que no depende del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), ni de su decisión.
También compareció a Fiscalización, el doctor Rodrigo Varela, delegado del Defensor del Pueblo, quien informó que esta institución tuvo alertas desde 2019, sobre casos de facturación, logrando que los clientes sean compensados, especialmente en las provincias de Manabí y Guayas. En lo posterior recibieron alertas relacionadas a las afectaciones por los cortes del servicio de energía eléctrica; por ello, se sugirió la expedición de un reglamento que establece el procedimiento para dar trámite a los reclamos, en varias provincias.
En representación del directorio de la Cámara de Industrias de Guayaquil, Xavier Andrade Espinoza precisó que la estimación de costos y pérdidas debido a los racionamientos del servicio de energía eléctrica a nivel nacional, en noviembre y diciembre, es de 450 a 870 millones de dólares.
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