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El organismo internacional advirtió que estas reformas limitarían el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, por parte de los pueblos indígenas.
El decreto fue suscrito el 31 de mayo de este 2023 y contiene nueve artículos reformatorios. El organismo internacional sostuvo que, entre estas modificaciones, se pretende asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas.
Otra de las preocupaciones de la oficina es que el decreto plantea la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental.
Esto, indica la misiva, limitaría el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, por parte de los pueblos y nacionalidades.
Por esta razón, Jan Jarab hizo un llamado a las autoridades del Ejecutivo ecuatoriano para que garantice que las regulaciones, tanto de la consulta a Pueblos Indígenas como de la consulta ambiental, observen debidamente el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado en concordancia el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo eco de este pronunciamiento y ratificó que estas reformas al Código Orgánico del Ambiente son parte de la «violencia minera», que los pueblos indígenas han venido denunciando. De hecho, la organización presentó una demanda de inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional.
Fuente. Radio Pichincha.
Punto Noticias.- El decreto 754, emitido por el Gobierno Nacional, despertó la preocupación de la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos en América del Sur. A través de un pronunciamiento, Jan Jarab, representante de esta oficina, alertó que esta normativa, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, se «aleja de las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos».
El decreto fue suscrito el 31 de mayo de este 2023 y contiene nueve artículos reformatorios. El organismo internacional sostuvo que, entre estas modificaciones, se pretende asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas.
Otra de las preocupaciones de la oficina es que el decreto plantea la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental.
Esto, indica la misiva, limitaría el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, por parte de los pueblos y nacionalidades.
Por esta razón, Jan Jarab hizo un llamado a las autoridades del Ejecutivo ecuatoriano para que garantice que las regulaciones, tanto de la consulta a Pueblos Indígenas como de la consulta ambiental, observen debidamente el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado en concordancia el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo eco de este pronunciamiento y ratificó que estas reformas al Código Orgánico del Ambiente son parte de la «violencia minera», que los pueblos indígenas han venido denunciando. De hecho, la organización presentó una demanda de inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional.
Fuente. Radio Pichincha.
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«Se está cargando todo a la Policía, pero nadie habla de estas decisiones de jueces que no complementan el trabajo policial», dijo Zapata.
Punto Noticias.- Luego de que un juez fallara a favor de Adolfo Macías, alias ‘Fito’, y dispusiera su regreso a la Cárcel Regional de Guayaquil, el ministro del Interior, Juan Zapata, fue enfático en señalar que los jueces que tomen decisiones absurdas deben ir a prisión.
«Ante decisiones absurdas de jueces, tienen que tomarse decisiones fuertes y que los jueces caigan y vayan a prisión, donde debe estar», dijo Juan Zapata, durante un evento en Cuenca, este jueves 14 de septiembre.
El ministro del Interior aludió a las decisiones a favor de Fito y la prelibertad que recibieron los responsables de los atentados con coches bomba en Quito, 15 días antes de cometer estos ataques. Zapata consideró, además, que el próximo Legislativo debe reducir la impunidad, a través de reformas a los cuerpos legales correspondientes.
«Se está cargando todo a la Policía, pero nadie habla de estas decisiones de jueces que no complementan el trabajo policial», dijo.
Días atrás, el juez de Garantías Penitenciarias, Diego Poma, dispuso el traslado de Fito, desde La Roca, donde permaneció casi un mes, hacia la Regional del Guayas. El magistrado aclaró que el SNAI “no justificó los informes relacionados con la circunstancia por la cual se presenta la apelación de traslado”.
Fuente. Radio Pichincha
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Casi un mes después de su destitución, Walter Macías regresará a la Corte Nacional de Justicia. La jueza Martha Vimos aceptó, este jueves 14 de septiembre del 2023, la acción de protección y con ello se invalidó la resolución del Consejo de la Judicatura.
La magistrada dispuso que de forma inmediata sea restituido a sus funciones como juez del organismo. Además, por su calidad de juez, dictaminó que también se deberán pedir disculpas públicas y cancelar el pago de su sueldo durante el periodo de destitución.
«Lo tomo con humildad. Es un hito para la independencia judicial el hecho de que la jueza haya aceptado la decisión con entereza (…) Esto marca un hito histórico porque ella toma en consideración la falta de una veeduría ciudadana para mi destitución», señaló tras conocer el fallo.
El magistrado fue destituido el sábado 19 de agosto del 2023 tras un fallo cuestionado del Consejo de la Judicatura en una sesión extraordinaria, que se llevó de forma telemática. Allí, se aprobó su salida de la Corte Nacional de justicia con dos de cinco votos.
Los vocales Maribel Barreno, Juan Morillo y Fausto Murillo se abstuvieron de votar por la destitución. Mientras que el presidente Wilman Terán y Xavier Muñoz votaron a favor y con ello se dio paso a su salida, pese a que no se constituía una mayoría.
Durante una entrevista a Teleamazonas, el magistrado dijo que es juez incontrolable y sus actuaciones estarían afectando a los intereses de la Judicatura. Por ello, se habría iniciado una persecución administrativa en su contra.
Fuente. Teleamazonas
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Relator Especial insta a invertir en educación y protección social para romper el ciclo de inseguridad.Un reciente informe del experto en pobreza de la ONU, Olivier De Schutter, revela que la pobreza está en el centro del crecimiento de la violencia y la inseguridad en Ecuador. De Schutter, quien culminó su visita al país, insta a las autoridades a aumentar la inversión en educación, atención médica y protección social como respuesta urgente a esta problemática.
El experto alerta que la falta de oportunidades laborales y una educación deficiente han llevado a que los jóvenes sean fácilmente reclutados por grupos criminales, generando un ciclo vicioso que alimenta la pobreza al extorsionar a pequeñas empresas y perturbar la educación de niños y niñas. Esta situación, a su vez, ha provocado un éxodo creciente de ecuatorianos.
De Schutter reconoce los esfuerzos de Ecuador hacia los refugiados venezolanos y algunos logros recientes, como la reducción de la desnutrición infantil y el aumento del salario mínimo. Sin embargo, subraya que las escuelas son inseguras y que la calidad de la educación no compensa las desventajas de los niños de entornos desfavorecidos.
El Relator Especial también destaca la brecha entre zonas urbanas y rurales, con tasas de pobreza más altas en áreas rurales y en provincias con población indígena mayoritaria. Insta al próximo gobierno a mejorar el sistema tributario y redirigir fondos destinados a subsidios de combustibles hacia las necesidades de comunidades rurales, especialmente los grupos indígenas y afrodescendientes.
Fuente. Radio Pichincha
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El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este 12 de septiembre, aprobó el Manual del Debate Presidencial Obligatorio de Segunda Vuelta, correspondiente a las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023.El Pleno del Consejo Nacional Electoral (CNE), este 12 de septiembre, aprobó el Manual del Debate Presidencial Obligatorio de Segunda Vuelta, correspondiente a las Elecciones Presidenciales y Legislativas Anticipadas 2023.
El Debate Presidencial de Segunda Vuelta se desarrollará el domingo 1 de octubre, a las 19:00. El programa tendrá cuatro bloques y una duración de dos horas. En cuanto a la dinámica, en cada eje temático los candidatos responderán dos preguntas formuladas por el Comité Nacional de Debates Electorales. Además, tendrán la opción de cuestionar sus respuestas y hacer contrarréplicas o preguntas complementarias.
La propuesta aprobada recoge los aportes de los miembros del Comité Nacional de Debates Electorales y de las consejerías del CNE, para establecer una dinámica que garantizará interacción entre los candidatos presidenciales, con el objetivo de promover el voto informado de la ciudadanía.
En otro punto del orden del día, el Pleno del CNE aprobó los Documentos Electorales para la repetición de las votaciones de manera presencial, en las circunscripciones especiales del exterior.
Para ampliar la información contactarse con la
Dirección de Análisis Político y Difusión Electoral.
