Paralelamente, la bancada gobiernista ADN solicitaría a Verónica Abad las explicaciones que ameriten.
En la Asamblea Nacional defienden su capacidad fiscalizadora a propósito de la última indagación por presunto tráfico de influencias que ejecuta la fiscalía general del Estado (FGE) en el que involucra a Francisco Barreiro Abad, hijo de la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, en funciones en Israel.
Inés Alarcón, de la bancada gobiernista Acción Democrática Nacional (ADN), sin entrar en detalles, adelantó que ejercerán el control político en caso de que se evidencien la pruebas. No descartó que la bandada también pida a Abad las explicaciones que ameriten.
Jorge Peñafiel (Construye), opinó que, en este momento, es obligación de la vicepresidenta Verónica Abad emitir una opinión toda vez que la Fiscalía involucró a su hijo. Rafael Dávila (Independiente) coincidió con su colega legislador, y enfatizó que no necesariamente, el pronunciamiento tiene que hacerlo en el país. “Ahora ya hay medios telemáticos”.
Para Otto Vera, de Partido Social Cristiano (PSC), la Asamblea debe esperar a escuchar los alegatos de la fiscalía, pero si se llega a obtener nueva información, la Asamblea podría llamar a la vicepresidenta para que rinda cuentas. Sin embargo, alertó que toda acción, error o ilícito que pueda cometer un funcionario de una institución, tendrá una repercusión a la imagen del gobierno, señaló.
“Si alguien comete un error, es la persona responsable quien debe defenderse de las acusaciones, no se puede pagar justos por pecadores», expresó. (SC)
La Hora
