Los comisionados de Biodiversidad recibieron la información sobre el proceso de elaboración del proyecto de Ley de Consulta Ambiental, como parte del cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, respecto a la inconstitucionalidad de la reforma al Reglamento del Código del Ambiente expedida por el Ejecutivo.
El presidente de la Comisión de Biodiversidad, Guido Vargas explicó los motivos de la solicitud de comparecencia de la primera autoridad de la Defensoría del Pueblo, respecto al cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional que declaró la inconstitucional, con efectos diferidos, del decreto ejecutivo 754 que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente. La Corte Constitucional declaró que los efectos de la sentencia serán diferidos en el tiempo hasta que la Asamblea Nacional emita una ley que desarrolle el contenido de la consulta ambiental.
La sentencia dispone que la Asamblea Nacional, en el plazo máximo de 1 año, contado desde la presentación del nuevo proyecto por parte del Defensor del Pueblo, apruebe una Ley sobre Consulta Ambiental.
En delegación del Defensor del Pueblo asistieron los servidores Manuel Solano, Mónica Reinoso y Pablo Araujo, quienes informaron que el trabajo partió de un anteproyecto que fue presentado en abril de 2022, que contenía cuatro tipos de consultas.
La consulta ambiental tiene dos elementos: acceso a la información ambiental y consulta ambiental propiamente dicha.
Los delegados de la Defensoría del Pueblo informaron sobre los principales parámetros establecidos en la sentencia y la necesidad de instalar una mesa técnica de trabajo, con lo que el proyecto se presentará hasta el 24 de enero próximo. Añadieron que la Ley de Consulta Ambiental debe compatibilizarse con la consulta previa, libre e informada.
Tras las respuestas de los servidores públicos de la Defensoría del Pueblo, la legisladora Sofía Sánchez mocionó que se pregunte al Consejo de Administración Legislativa sobre el tratamiento de la consulta ambiental en la Comisión de Biodiversidad en cumplimiento de la sentencia 51-23-IN/23, petición que fue aprobada con nueve votos.
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