Con 123 votos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Vigilancia y Seguridad Privada, como un instrumento complementario en la lucha contra la delincuencia, la propuesta crea y regula el Sistema de Vigilancia y Seguridad Privada; la prestación de servicios de vigilancia para la protección de personas, bienes muebles e inmuebles y valores; formación y capacitación para los integrantes de este sector; y licencias para portar armas para los trabajadores de vigilancia y seguridad privada.
El legislador Xavier Jurado, de la Comisión de Soberanía y Seguridad Integral, tras argumentar que es un instrumento eficaz para la regulación y fortalecimiento del sector, y el derecho de los trabajadores, expresó que prevé derechos fundamentales como la vida, el trabajo y la seguridad. “Uno de sus fines es garantizar la regulación del sector y su articulación con las entidades del Estado, para coadyuvar a la seguridad integral”, indico.
Comisión General
Previo a la aprobación del proyecto, la Asamblea Nacional escuchó a representantes de los trabajadores de la seguridad privada, quienes destacaron la necesidad de aprobar una ley que permita regular su actividad, en beneficio de la seguridad ciudadana. Diego Arroyo, vicepresidente de la Federación de Trabajadores de la Seguridad Privada del Ecuador (FENASPE), manifestó que “esta Ley es un anhelo de muchos años, ya que la norma vigente se ha convertido en una herramienta para la precarización laboral”.
Carlos Arrobo Bustamante, de la Asociación de Trabajadores de Seguridad, afirmó que es una carrera de resistencia frente a los constantes cambios de contratos y las reducciones salariales que se han venido dando.
En el debate intervinieron 14 legisladores quienes resaltaron la necesidad de un dar enfoque integral para enfrentar el desafío de la inseguridad. Aseguraron que es una Ley que complementa la gestión de la Policía Nacional y que los guardias de seguridad cuenten con formación y profesionalización. Además, que las compañías de seguridad acompañen a sus trabajadores cuando enfrenten procesos jurisdiccionales, por actuar en defensa de la vida y ejerciendo debidamente su labor.
También expusieron la necesidad de solventar problemas de la precarización laboral, en torno a los sueldos y salarios, así como las condiciones en las que ejecutan su labor y que es importante la participación de varios actores en la lucha contra la delincuencia, como mecanismo de control eficaz con base de datos cruzados.
Se llamó a la responsabilidad respecto a los permisos de porte de armas, la capacitación y el rol de supervisión del Estado. Igualmente, se refirieron a la importancia de alinearse a los estándares internacionales para fortalecer la ley.
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