Desde 2021, cuando se despenalizó el aborto en casos de violación en Ecuador, 32 mujeres han accedido a este derecho en el sistema de salud pública del país. El 59% de las peticiones fueron de niñas menores de 14 años.
Los datos los dieron a conocer organizaciones y colectivos de mujeres, este jueves 28 de septiembre de 2023. Sin embargo, también exigen al Estado datos e información oficial sobre el acceso al aborto en casos de violación en Ecuador.
Sinchi Gómez, representante del colectivo Trenzando Feminismos, señaló que la mayoría de casos están en las provincias de la Amazonía. Morona Santiago registra 10 pedidos. Le siguen Sucumbíos y Orellana. En otras localidades como Napo y Pastaza no hay datos sobre el número de solicitudes.
Miriam Auz, activista del colectivo Ana de Peralta, de Ambato, sostiene que este año en su provincia hubo 129 denuncias de violación. Sin embargo, no hay datos de cuántas mujeres pudieron acceder a un aborto por esta causa.
Cifras de la organización Surkuna indican que el 54,5% de las personas que solicitaron el acceso a un aborto legal por violación presentaron una denuncia en Fiscalía. El porcentaje restante no lo hizo, dice Gómez, debido a que este requisito no es indispensable para acceder al servicio.
Gómez recalca que estos datos son alarmantes para la población, pues anualmente hay aproximadamente 3 000 niñas que dan a luz producto de una violación. “No es que no está pasando, las niñas están pariendo. Lo que pasa es que no hay información y eso impide mejorar y ampliar la política pública para el acceso a este derecho”.
Este 28 de septiembre se conmemora el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro. En ese contexto, representantes de diferentes colectivos feministas de Ecuador se pronunciaron para pedir acciones y respuestas al Estado respecto a este tema en el país.
Las organizaciones sostienen que hacen falta campañas informativas para dar a conocer el derecho que tienen las mujeres a acceder al sistema de salud pública para interrumpir el embarazo en casos de violación.
Para la médica Ana Lucía Martínez, también representante de la Coalición Nacional de Mujeres, este es uno de los derechos más vulnerados de las mujeres. Señala que, además de la falta de información, hay un gran porcentaje de médicos que no realizan el procedimiento y hacen uso de su derecho a la objeción de conciencia.
Los colectivos hacen un llamado de atención al Estado, a los colegios de profesionales, universidades y a las instituciones para que se incluya dentro de las mallas de formación médica un enfoque de género en la educación.
Piden respuestas de la Corte Constitucional
Uno de los pedidos de los colectivos feministas es que la Corte Constitucional (CC) resuelva la Acción de Incumplimiento que presentaron en 2019 para dar paso a la despenalización del aborto por malformaciones congénitas incompatibles con la vida.
Virginia Gómez de la Torre, médica y directora de la Fundación Desafío, dio a conocer que la CC tenía previsto tratar ese tema en su sesión del miércoles 27 de septiembre. Sin embargo, aún no se conocen las resoluciones que tomó el organismo.
Despenalizar esta causal para el aborto, dice, permitiría que se genere un entorno jurídico y de salud adecuado, que permita a las mujeres acceder a su derecho a no parir de violadores.
Añade que, según la genética, las probabilidades de embarazos con malformaciones incompatibles con la vida son más altas cuando hay incesto. Es decir, las niñas que son violadas por sus familiares están más propensas a desarrollar embarazos con estas características.
Además, menciona que es importante que la Corte tome acciones para garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva seguros y transparentes a escala nacional. Sobre todo para aquellas mujeres que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.
Fuente. Teleamazonas
