El organismo internacional advirtió que estas reformas limitarían el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, por parte de los pueblos indígenas.
El decreto fue suscrito el 31 de mayo de este 2023 y contiene nueve artículos reformatorios. El organismo internacional sostuvo que, entre estas modificaciones, se pretende asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas.
Otra de las preocupaciones de la oficina es que el decreto plantea la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental.
Esto, indica la misiva, limitaría el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, por parte de los pueblos y nacionalidades.
Por esta razón, Jan Jarab hizo un llamado a las autoridades del Ejecutivo ecuatoriano para que garantice que las regulaciones, tanto de la consulta a Pueblos Indígenas como de la consulta ambiental, observen debidamente el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado en concordancia el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo eco de este pronunciamiento y ratificó que estas reformas al Código Orgánico del Ambiente son parte de la «violencia minera», que los pueblos indígenas han venido denunciando. De hecho, la organización presentó una demanda de inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional.
Fuente. Radio Pichincha.
Punto Noticias.- El decreto 754, emitido por el Gobierno Nacional, despertó la preocupación de la oficina de la Organización de Naciones Unidas (ONU) Derechos Humanos en América del Sur. A través de un pronunciamiento, Jan Jarab, representante de esta oficina, alertó que esta normativa, que reforma el reglamento al Código Orgánico del Ambiente, se «aleja de las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos».
El decreto fue suscrito el 31 de mayo de este 2023 y contiene nueve artículos reformatorios. El organismo internacional sostuvo que, entre estas modificaciones, se pretende asimilar la figura de la consulta ambiental con el deber de consulta previa, libre e informada a los Pueblos Indígenas.
Otra de las preocupaciones de la oficina es que el decreto plantea la consulta ambiental sólo para ciertas obras o actividades, designa al operador del proyecto como el encargado de incorporar o rechazar las observaciones de la comunidad, establece plazos breves para el proceso de entrega de información y no contempla mecanismos judiciales o administrativos para reclamar el proceso de evaluación ambiental.
Esto, indica la misiva, limitaría el derecho a una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, por parte de los pueblos y nacionalidades.
Por esta razón, Jan Jarab hizo un llamado a las autoridades del Ejecutivo ecuatoriano para que garantice que las regulaciones, tanto de la consulta a Pueblos Indígenas como de la consulta ambiental, observen debidamente el derecho internacional de los derechos humanos, incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado incluyendo los compromisos y obligaciones del Estado en concordancia el Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) hizo eco de este pronunciamiento y ratificó que estas reformas al Código Orgánico del Ambiente son parte de la «violencia minera», que los pueblos indígenas han venido denunciando. De hecho, la organización presentó una demanda de inconstitucionalidad, ante la Corte Constitucional.
Fuente. Radio Pichincha.
